6 tendencias en la educación superior de EE.UU en 2025
El año 2025 traerá consigo cambios trascendentales en el sector de la educación superior. La reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sumada al control republicano del Senado y la Cámara de Representantes, anticipa modificaciones profundas en las políticas educativas federales. Este panorama político abre la puerta a reformas que podrían transformar desde los sistemas de préstamos estudiantiles hasta los procesos de acreditación institucional.
Paralelamente, muchas universidades siguen enfrentando desafíos relacionados con la disminución de matrículas y las presiones presupuestarias. Estos problemas podrían intensificarse en 2025, debido a los altos costos operativos y la creciente competencia por captar a un grupo reducido de estudiantes.
Para ayudar a los líderes de instituciones educativas a prepararse para los desafíos del próximo año, Higher Ed Dive menciona seis tendencias clave que definirán el rumbo de la educación superior en 2025.
1. Posibles reformas en políticas educativas federales
Con el control republicano de la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes, es probable que se impulsen cambios significativos en la política educativa federal mediante el proceso de reconciliación, que permite aprobar leyes con mayoría simple. Iniciativas como el College Cost Reduction Act, una propuesta legislativa orientada a reducir los costos de la educación superior mediante la limitación de préstamos estudiantiles y la asignación de responsabilidades financieras a las instituciones por los préstamos impagos de sus estudiantes, podrían limitar los préstamos estudiantiles y responsabilizar a las instituciones por los préstamos impagos de sus estudiantes, afectando especialmente a las universidades que atienden a poblaciones vulnerables.
2. Intensificación de la controversia sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
El año pasado, las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) enfrentaron una serie de ataques por parte de legisladores estatales y líderes institucionales, lo que resultó en recortes de personal, prohibiciones de declaraciones obligatorias de diversidad y el cierre de oficinas dedicadas a DEI. En 2025, se anticipa que estas acciones se intensifiquen a nivel federal.
Un factor clave en este escenario es el Proyecto 2025, un plan conservador impulsado por The Heritage Foundation y otros grupos de expertos, que busca reformar el gobierno federal bajo liderazgo republicano. Este proyecto considera a la DEI como una herramienta divisiva y «propaganda antiamericana», y propone que las capacitaciones relacionadas con la teoría crítica de la raza sean consideradas una violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral.
El Proyecto 2025 también recomienda prohibir que los organismos de acreditación exijan políticas DEI a las universidades. Dado que el Departamento de Educación de EE. UU. supervisa a estos acreditadores, que son clave para acceder a fondos federales, esta medida podría debilitar significativamente el rol de supervisión de estas agencias. Se sugiere incluso permitir que agencias estatales actúen como acreditadores o eliminar la supervisión federal, transformando el sistema en un modelo de «garantía de calidad voluntaria».
Aunque algunas leyes estatales anti-DEI han sido suavizadas o rechazadas por preocupaciones de acreditación, la implementación del Proyecto 2025 podría eliminar estas barreras, dejando a las universidades más vulnerables a presiones políticas y reduciendo su autonomía institucional.
Las iniciativas DEI podrían enfrentar restricciones a nivel federal. Propuestas como el Project 2025 buscan limitar los programas DEI, prohibiendo que los acreditadores exijan políticas de diversidad. Esto podría debilitar el rol de los organismos de acreditación como garantes de la autonomía universitaria.
3. Persistencia de tensiones presupuestarias
A pesar de que la inflación ha disminuido, las universidades continúan enfrentando altos costos operativos, exacerbados por la caída de las inscripciones y la creciente competencia en las matrículas. Esto ha generado presión en los presupuestos de muchas instituciones, especialmente las pequeñas y algunas universidades públicas regionales. Los analistas prevén que esta situación se mantendrá hasta 2025, con factores adicionales como cambios en las políticas gubernamentales, ciberataques y fenómenos climáticos que agravan aún más las dificultades. Fitch Ratings y S&P Global Ratings coinciden en que las universidades con mayores recursos tendrán una perspectiva más positiva, mientras que las instituciones más regionales y menos selectivas experimentarán mayores retos financieros.
La combinación de estos factores afecta directamente los márgenes operativos de las instituciones, llevando a recortes de personal y programas, e incluso posibles cierres de algunas universidades. Moody’s Ratings pronostica que una parte significativa de las universidades privadas y públicas enfrentará déficits operativos superiores al 2%. Esto es especialmente grave para aquellas que ya se encuentran en dificultades, lo que puede llevar a un ciclo financiero negativo difícil de corregir. Las universidades pueden no cumplir con sus metas de matrícula o exceder el presupuesto en ayuda financiera, lo que profundiza el déficit. Según expertos, superar estas dificultades puede requerir inversiones adicionales, pero la corrección de estos problemas financieros no es fácil y puede tomar varios años.
4. Desafíos en la captación de estudiantes
El año 2025 marca el inicio del llamado «precipicio demográfico», una disminución proyectada en la población de estudiantes en edad universitaria. Según la Comisión Interestatal Occidental para la Educación Superior, el número de graduados de secundaria alcanzará un pico de 3,8 millones este año, pero disminuirá alrededor de un 10,3% hasta los 3,4 millones en 2041. Esto representa un reto considerable para las instituciones educativas, que deben implementar estrategias proactivas de captación antes de que el declive se acentúe.
Algunas universidades están diversificando sus esfuerzos de reclutamiento enfocándose en estudiantes no tradicionales y en programas de reincorporación académica. Por ejemplo, Nueva Jersey logró reincorporar a 8.600 estudiantes que habían abandonado sus estudios mediante orientación personalizada y apoyo financiero. Además, el estado destinará 1,6 millones de dólares adicionales en 2025 para fortalecer esta estrategia.
Por otro lado, la disminución del 5% en la matrícula de estudiantes de primer año en otoño de 2024, especialmente entre recién graduados de secundaria, evidencia la necesidad de optimizar procesos de inscripción. Factores como las dificultades en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) han afectado negativamente esta transición. La reciente implementación de mejoras en la FAFSA busca revertir esta tendencia, permitiendo a las universidades brindar paquetes de ayuda financiera de manera oportuna.
Ante este panorama, las instituciones deben adoptar estrategias innovadoras y personalizadas para captar y retener estudiantes, aprovechando tecnologías educativas y programas de acompañamiento académico.
La disminución de la población estudiantil pone a las universidades en competencia directa por un grupo más reducido de aspirantes. Esto exige estrategias innovadoras para atraer y retener estudiantes, como la adopción de tecnologías educativas y programas de acompañamiento académico.
5. Las universidades tendrán que invertir
Si bien los presupuestos pueden ser ajustados y los recursos limitados, las universidades enfrentan una creciente presión para invertir en áreas clave. Tras años de recortes y austeridad, se acumulan necesidades urgentes como aumentos salariales, mantenimiento de infraestructura, éxito estudiantil e iniciativas programáticas. Según Moody’s, el mantenimiento diferido en el sector podría alcanzar los 950 mil millones de dólares, reflejando la magnitud de la inversión pendiente. Además, muchas instituciones requieren completar proyectos de capital, como la construcción de viviendas asequibles para estudiantes de posgrado e inversiones en tecnología y ciberseguridad.
Fitch también ha destacado que muchas universidades han mantenido sus gastos de capital por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que ha incrementado el mantenimiento diferido y el envejecimiento de sus infraestructuras. La postergación prolongada de proyectos esenciales puede afectar la competitividad de las instituciones para atraer estudiantes, docentes y donantes, profundizando así sus desafíos financieros. Sin embargo, aquellos con restricciones presupuestarias enfrentan dificultades para obtener capital, afectando la calidad de servicios e instalaciones.
Un aspecto alentador es que Moody’s proyecta una posible reducción en las tasas de interés en 2025, lo que abarataría los préstamos y facilitaría el financiamiento de proyectos. Esto permitiría a las universidades avanzar en sus inversiones estratégicas mientras manejan prudentemente sus niveles de deuda, contribuyendo al fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y académica.
Las instituciones seguirán invirtiendo en tecnología para optimizar procesos académicos y administrativos. Plataformas como uPlanner se posicionan como aliados estratégicos en la gestión curricular, facilitando la planificación académica y el seguimiento del rendimiento estudiantil.
6. Las OPM empezarían a ser reguladas de manera estatal
Durante años, los defensores de los estudiantes han abogado por una mayor supervisión federal de las Empresas de Gestión de Programas en Línea (OPM, por sus siglas en inglés), que ayudan a las universidades a lanzar y administrar programas en línea. Sin embargo, los esfuerzos de la administración Biden para implementar controles federales más estrictos sobre las OPM no tuvieron éxito, y no parece probable que se reaviven durante un posible segundo mandato de Trump.
Las OPM proporcionan servicios como marketing, selección de personal y diseño de planes de estudio a las universidades, a cambio de un porcentaje de los ingresos por matrícula. Los críticos del modelo de reparto de matrícula argumentan que estos acuerdos incentivan a las OPM a realizar reclutamientos agresivos y aumentan el costo de la educación en línea. En 2023, el Departamento de Educación intentó revisar las directrices que permiten estos acuerdos, pero no ha actualizado las reglas y suspendió una guía adicional para supervisar los contratos con las OPM.
Aunque no se han implementado cambios federales, la supervisión de las OPM está ganando fuerza a nivel estatal. En Minnesota, se aprobó una ley que impide a las universidades públicas firmar acuerdos de reparto de matrícula con OPM que incluyan servicios de reclutamiento. De manera similar, un informe del auditor de California recomendó aumentar la supervisión de las OPM en el sistema universitario estatal, citando información engañosa proporcionada a los estudiantes. Según expertos, la regulación de las OPM podría trasladarse a los estados, donde los auditores y legisladores seguirán presionando por un mayor control.
En 2025, la educación superior en EE. UU. enfrentará un entorno político y económico desafiante, con posibles reformas impulsadas por la reelección de Donald Trump y el control republicano del Congreso, que podrían transformar las políticas de préstamos estudiantiles y acreditación. Las universidades deberán adaptarse a la disminución de matrículas, la competencia por un grupo reducido de estudiantes y la necesidad de inversiones en infraestructura y tecnología para seguir siendo competitivas.
Además, se intensificarán las tensiones sobre temas como la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y la regulación de las Empresas de Gestión de Programas en Línea (OPM), lo que requerirá una mayor supervisión estatal. Para afrontar estos retos, las instituciones deben innovar en sus estrategias de captación y retención de estudiantes, adoptando tecnologías que optimicen sus procesos educativos y administrativos, asegurando así su relevancia y calidad en un mercado educativo cada vez más competitivo.
